Ley de Arriendo (Ley 18.101)

La Ley 18.101, conocida como Ley de Arriendo o Ley de Arrendamiento Urbano, es la columna vertebral del arriendo residencial en Chile. Vigente desde 1982 con modificaciones importantes en 2003 (Ley 19.866) y 2022 (Ley 21.461 sobre devolución acelerada de inmueble), regula los contratos de arrendamiento de bienes raíces urbanos para vivienda — quedan fuera arriendos comerciales, agrícolas y de temporada (que tienen sus propias leyes específicas).

Para el inversionista arrendador, los puntos clave de la ley son: el contrato es libre en sus términos económicos (canon, garantía, reajuste por IPC) pero la ley fija los derechos básicos del arrendatario que no pueden renunciarse — tiempos mínimos para desalojo, procedimiento judicial obligatorio, prohibición de cortar servicios o cambiar cerraduras como represalia por impago. Estas protecciones son las que protegen al arrendatario, pero también son las que el arrendador tiene que conocer para no incurrir en delitos de auto-tutela.

La modificación más importante para inversionistas en los últimos años es la **Ley 21.461 (2022)**, conocida como 'devuélveme mi casa'. Acortó significativamente los plazos del juicio de desalojo cuando hay impago: pasó de un proceso que en la práctica tomaba 8–12 meses a uno que termina en 3–4 meses. Esto cambió el cálculo de riesgo del arriendo en Chile — el costo de un arrendatario problemático bajó significativamente, lo que se ha reflejado en un mercado más fluido.

Otra novedad relevante: el **registro electrónico de contratos** vigente desde 2023. Los contratos pueden inscribirse digitalmente en una plataforma del SII, lo que les da mayor fuerza probatoria en juicio y permite al arrendador descontar tributariamente más fácilmente. Para inversionistas con varios inmuebles arrendados, este registro ha simplificado operaciones que antes requerían notaría física.